Por: Érika Bayona López/ A medida que los precios del petróleo y el gas natural alcanzan niveles alarmantes, la presión sobre las economías globales se intensifica, generando un ciclo inflacionario que no muestra signos de desaceleración. Sin embargo, en el contexto colombiano, esta crisis se entrelaza con las decisiones del gobierno de Gustavo Petro, quien ha planteado un enfoque que desafía tanto la tradición como las expectativas del país.
La seguridad física de un Estado es esencial para garantizar el orden público y la protección de los ciudadanos. Igualmente crucial es asegurar la estabilidad energética, que brinda tranquilidad a los hogares colombianos y sustenta los sectores económicos. Hoy enfrentamos otra crisis energética, esta vez fruto de las decisiones del gobierno de Gustavo Petro.
El debilitamiento de nuestra matriz energética podría pasarnos factura en los próximos dos o tres años. La inseguridad jurídica, producto de la inestabilidad institucional de la CREG, la suspensión de 32 contratos, y la falta de nuevos acuerdos de hidrocarburos han reducido la oferta de gas y petróleo, de los cuales solo tenemos reservas probadas para los próximos 6,2 y 7 años, respectivamente. Además, el ataque directo a los generadores de energía agrava la situación. Es lamentable que, cuando ya éramos un modelo de estabilidad energética en la región y a nivel global, estemos retrocediendo.
Recientemente, el presidente Petro expresó en su cuenta de X: “El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”. Estas afirmaciones han suscitado un intenso debate, especialmente entre los gremios de transportadores, quienes sienten el impacto inmediato de estas políticas en sus costos operativos.
En términos concretos, el galón de gasolina ha aumentado de $9.180 en octubre de 2022 a aproximadamente $15.574 en agosto de 2024, un incremento del 70% en menos de dos años. En el caso del ACPM, se prevé un aumento de $6.000 en el precio, lo que llevará el costo a cerca de $16.000 por galón. Estas decisiones no solo afectan el bolsillo de los colombianos, sino que también han generado controversia sobre la estructura del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), el cual muchos críticos consideran que beneficia a los accionistas de Ecopetrol más que a los ciudadanos comunes.
A pesar de todo, esta semana se anunció una buena noticia: el descubrimiento de la reserva de gas Sirius (Uchuva), que podría abastecernos durante 20 años. Este proyecto costa afuera fue impulsado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando en 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en 2006 se adjudicó el Bloque Tayrona a Exxon. El campo ha sido desarrollado en alianza con Ecopetrol y otras compañías privadas.
En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se perforó el pozo exploratorio de Uchuva, y en el de Iván Duque se confirmó la existencia de esta gran reserva, que ahora anuncia el gobierno de Petro. Sin embargo, en lugar de celebrar este logro, Petro lo condenó, sugiriendo que Ecopetrol debería enfocarse en la inteligencia artificial, aunque hace unos meses decía que debía concentrarse en proyectos solares y eólicos.
Gustavo Petro ha defendido su postura argumentando que el verdadero costo de mantener los subsidios es insostenible para las finanzas públicas. Sin embargo, muchos expertos señalan que la metodología del Fepc y la forma en que se distribuyen los costos del subsidio son engañosas. Se sostiene que el diferencial de compensación se destina mayoritariamente a Ecopetrol, lo que plantea preguntas sobre quién realmente se beneficia de estas políticas.
No todo es tan positivo como lo pinta el presidente de Ecopetrol. Aún quedan en el aire temas como la Consulta Previa, asuntos ambientales y el transporte del gas al complejo de Ballena para su distribución en el país. Además, el gas de Sirius no estará disponible antes de 2029, lo que significa que tendremos que importar gas para asegurar la soberanía energética de los 37 millones de colombianos que dependen de este recurso. Esto, inevitablemente, elevará las tarifas en un 28%, afectando especialmente a los estratos 1, 2 y 3.
La crítica al modelo Fepc también resuena con la percepción de que el gobierno de Petro, al aumentar los precios de los combustibles, está aplicando una política fiscal restrictiva que encarece el transporte y el consumo de bienes y servicios. Esto se convierte en un dilema: mientras el gobierno nacional libera presión fiscal, los ciudadanos enfrentan una carga cada vez mayor.
En efecto, se podría argumentar que el enfoque de Petro no solo perpetúa una tradición de políticas económicas poco efectivas, sino que también hace eco de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante años ha instado a Colombia a ajustar los precios de los combustibles.
Es evidente la ruptura institucional. No hay coordinación entre el Ministerio de Minas, Ecopetrol y la ANH. Pero quien sí está tomando decisiones -aunque erróneas- es la ministra de Ambiente, que detuvo, de manera abrupta y bajo argumentos ideológicos, la licencia ambiental del proyecto Kómodo 1. La crisis no espera. Si el gobierno no actúa con rapidez y de forma técnica, nos enfrentaremos a un desabastecimiento crítico de gas, sumado a la crisis eléctrica, que nos obliga a depender cada vez más de las termoeléctricas, cuya producción ha pasado de 80 a 100 gigavatios para aliviar la presión sobre las hidroeléctricas.
El camino hacia una transición energética sostenible en Colombia, como lo propone Petro, es esencial. Sin embargo, la forma en que se maneje esta transición será crucial. La necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y de invertir en energías renovables es más apremiante que nunca. Pero esto debe hacerse de manera que no penalice a los ciudadanos, especialmente a aquellos que ya enfrentan dificultades económicas.
Para abordar estos desafíos, propongo varias soluciones que considero fundamentales:
- Fomentar las Energías Renovables: Es vital invertir en proyectos de energía solar, eólica y geotérmica. Estas fuentes no solo diversificarán nuestra matriz energética, sino que también reducirán nuestra dependencia de los combustibles fósiles, creando un futuro más sostenible para todos.
- Mejorar la Infraestructura Energética: Modernizar nuestra infraestructura energética es crucial. Esto no solo aumentará la eficiencia y reducirá las pérdidas de energía, sino que también garantizará un suministro más confiable para todos los colombianos.
- Incentivar la Innovación: Debemos promover la investigación y el desarrollo en tecnologías energéticas avanzadas. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede jugar un papel clave en la gestión y optimización de nuestros recursos energéticos.
- Revisar las Políticas de Subsidios: Es necesario ajustar los subsidios energéticos para que sean sostenibles y equitativos. Los subsidios deben beneficiar a los ciudadanos más vulnerables y no a las grandes corporaciones.
- Fortalecer la Coordinación Institucional: Mejorar la coordinación entre el Ministerio de Minas, Ecopetrol y la ANH es esencial para asegurar una gestión coherente y efectiva de nuestros recursos energéticos. La falta de coordinación solo agrava los problemas existentes.
El desafío que enfrenta Colombia es grande, y las decisiones de Petro en torno a la crisis energética tendrán repercusiones significativas. En un momento en que el mundo busca alternativas sostenibles, es vital que el país no solo maneje su crisis energética actual, sino que también construya un futuro más resiliente. La situación exige un equilibrio entre la necesidad de ingresos para el estado y la protección del bienestar de los ciudadanos.
En resumen, lo único que nos queda es resistir. Han pasado 26 meses desde que inició este gobierno “del cambio”, pero el cambio ha sido en reversa. La crisis energética no es solo un problema económico, es una oportunidad para repensar cómo se estructura nuestra economía y hacia dónde queremos dirigirla.
Las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de Colombia y la calidad de vida de sus ciudadanos. La visión de Gustavo Petro puede ser el catalizador de un cambio necesario, pero este cambio debe ser inclusivo y tener en cuenta las realidades de la población. La verdadera transformación económica no solo proviene de ajustes fiscales, sino de un compromiso genuino con el bienestar de todos los colombianos.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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